El Presidente Sebastián Piñera comunicó un plan de ayuda fiscal, que busca proteger a los trabajadores informales e independientes, además de situar a disposición de las empresas créditos con garantía estatal por US 24 mil millones.
Plan Protección a la Actividad Económica en base a créditos para compañías.
El Estado aportará US 3.00 millones al FOGAPE (Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios) a través de Banco Estado para que las empresas acedan a líneas de crédito con garantías estatales.
Las compañías con ventas anuales menores a 1000000 (UF), que significan el 99,8 % de las empresas y el 84 % de la fuerza la laboral (7,6 millones de trabajadores aproximadamente), podrán adherirse a esta línea. Los recursos se destinaran a financiar las necesidades de capital de trabajo para el área operacional de cada empresa, con garantías cubiertas por el estado que podrán llegar hasta el 85 % del crédito. Este tipo de préstamos los otorgaran bancos comerciales, quienes tendrán acceso a mayor liquidez de largo plazo por parte del Banco Central. Esto significaría hacer crecer los recursos de este fondo otorgando así créditos garantizados por cerca de US 24000 millones equivalentes a un 10 % del PIB nacional.
Plan Protección al sector con ingresos más vulnerables
Se contempla un fondo progresivo de hasta US 2000 millones para la cesión de beneficios y la creación de empleos de emergencia. Con este dinero se pretende poner atención a las familias más vulnerables y en los trabajadores informales imposibilitados para trabajar por la crisis.
Medidas adicionales:
Agregación de Entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito que cumplan con los estándares de regulación y control al otorgamiento de liquidez por parte del Banco Central.
De esta manera, se le atribuye mayores aptitudes de acción al Banco Central en relación a entidades no bancarias. Con ello, el organismo podrá mejorar su efectividad en su función principal de velar por la continuidad de los sistemas de pago, adaptando su funcionamiento a los cambios en los mercados financieros de Chile y del resto del mundo. El plan tendrá un costo para el fisco de US 5000 millones, donde US 2000 serán contemplados como gasto costeado con reasignaciones presupuestarias.
