Como ocurre en la compra de acciones, la regulación de las fusiones en Chile no se encuentra condicionada a algún procedimiento especialísimo para inversionistas extranjeros. Con todo, conviene recordar que desde junio del 2017, existe la obligación de notificar a la Fiscalía Nacional Económica respecto de aquellas fusiones que impliquen un volumen de negocios (aggregate turnover) sobre USD 70 millones, calculados entre todas las partes, o USD 11.3 millones individualmente, para un mínimo de dos partes de la fusión.

Derechos de aprobación, tasación, o recesión de accionistas minoritarios (Appraisal Rights).

En orden a salvaguardar los intereses de los accionistas, la legislación chilena exige que estos acuerden por medio de los 2/3 de las acciones con derecho a voto la venta de más del 50% de los activos de la compañía, la transformación, la fusión o disolución.

Este acuerdo deberá efectuarse en junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. En este caso, los accionistas disidentes tendrán el derecho de retirarse de la sociedad por medio de la venta de sus títulos hacia la sociedad misma.

La fusión como hecho gravado por Impuestos Internos.

Al existir una fusión, esta podría calificarse como hecho gravado. Se entiende que el acto no será susceptible de tributación cuando en la compañía chilena absorbida no se produzca un cambio de valorización en las acciones transferidas, ni se realice su liquidación. En suma, la jurisdicción que regule la empresa extranjera debe tener normas tributarias homólogas. Cumplidas esas condiciones, el SII mantendría su neutralidad sin intervenir.